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Un artículo por Colectivo Agrario Abya Yala a CONPI.org
“Consideramos que la defensa de la vida y el territorio no puede ser una tarea aislada de nuestras comunidades indígenas, por la tanto proponemos lazos de unidad, solidaridad, fraternidad y compromiso con quienes compartimos el territorio como el campesinado, las comunidades afro descendientes y demás sectores no solo agrarios y rurales sino también aquellos urbanos con quienes nos identificamos en la necesidad de cambiar la historia de este país” Declaratoria Diálogo Nacional de Mujeres Indígenas por la Paz
Como lo señala la historiadora Diana Uribe, en Colombia estamos en momento decisivo con la salida negociada al conflicto armado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo y el Gobierno Nacional. Así mismo es esperanzador el anuncio de marzo pasado de las negociaciones con el Ejercito de Liberación Nacional ELN para avanzar en la construcción de un mito fundacional como nación diversa que no este atravesado por la historia de la guerra.
El presente artículo quiere visibilizar la voz de las comunidades organizadas indígenas, campesinas y afrodescendientes que, como se señala en el Informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, han sido afectadas profundamente con el desarrollo del conflicto armado no resuelto en el país, pero que sin embargo avanzan con propuestas desde sus territorios de cara a los postacuerdos:
“Los actores principales de hoy [en relación con la afirmación de derechos] son ahora los pobladores urbanos, los desplazados por la guerra, los sectores campesinos e indígenas, las mujeres, los reclusos de las cárceles, y las minorías étnicas y sexuales. Sus demandas se nuclean en relación con el anhelo de paz, con el rechazo a las modificaciones antidemocráticas de la Constitución Política y de la legislación, la denuncia de las reformas tributarias, el develamiento de los efectos negativos de los TLC, la reivindicación de territorios, la oposición a los programas de erradicación de cultivos ilícitos con fumigaciones que afectan las condiciones de vida y medioambientales, la crisis del sector hospitalario público, los cambios del sistema educativo, la situación de los desmovilizados y desplazados, y las acciones indiscriminadas y violatorias de los derechos humanos por parte de los cuerpos armados” (pag 67)
Como muestra del respaldo al proceso de negociación de La Habana, las comunidades han dejado presente sus posturas en temas tan complejos como la llegada de los excombatientes a sus territorios.
En Caldono el pasado mes de julio las Autoridades Tradicionales de los resguardos indígenas de Pueblo Nuevo, San Lorenzo de Caldono, Pioya del Municipio de Caldono y Tumburao del Municipio de Silvia hicieron pública una carta donde ofrecen sus territorios para que se instale una ZVTN ante el anuncio de las delegaciones de las FARC-EP y el Gobierno Nacional:
“Cuando se conoce la noticia de que Caldono es una Zona Veredal Transitoria para la Normalización – ZVTN; para nosotros no es sorpresa porque para ello nos hemos preparado, no tanto para recibir las grandes inversiones que anuncian llegaran producto de la implementación posterior de los acuerdos, nos preparamos para recibir a nuestros compañeros y compañeras que con convicción o sin ella ingresaron a la insurgencia del cual hicieron parte de las desarmonías y desequilibrio en distintos territorios del País pero que serán bienvenidos, perdonando y haciendo compromisos para resarcir los daños con ideas que transformen positivamente el orden social; dando claridad que para nuestras comunidades ya existen normas desde nuestra Ley de Origen y que por ello es importante el retorno de comuneros y comuneras a su casa espiritual para equilibrar y armonizar la convivencia entre la comunidad y la Madre Tierra”.
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Question related to this article:
What is happening in Colombia, Is peace possible?
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Por su parte, las comunidades campesinas de las Zonas de Reserva Campesina que se espera sean protagónicos en el postconflito armado se han ofrecido como gestoras del proceso de implementación de los acuerdos desde una visión crítica a leyes como la de las ZIDRES [Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social] que consideran en contra del proceso en curso. En la Declaración política de la asamblea general de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC afirmaron:
“Los 66 procesos de Zonas de Reserva Campesina afiliados a ANZORC, reunidos en asamblea general en el corregimiento de San Isidro de Pradera, Valle, vemos como una gran oportunidad la eventual firma de un acuerdo final con las FARC y la implementación de los acuerdos de paz. (…) La ANZORC en su primera Asamblea General de 2016 decidió iniciar un proceso de anclaje territorial de los acuerdos de paz, avanzar en las circunscripciones especiales de paz [es decir, las 16 zonas de transición], promover los territorios interculturales, luchar contra la expropiación de 6 mil familias campesinas que viven en el supuesto “baldío de las FARC” en El Pato Balsillas, El Yarí, el Losada-Guayabero y La Macarena, demandar la ley de ZIDRES, construir guardias campesinas en sus territorios, instalar una mesa con Min-ambiente y las CAR sobre ley 2da de zona de reserva forestal y áreas protegidas regionales, formular una propuesta de control social sobre la extensión de cultivos de coca, extender los procesos de asambleas populares en todo el país y dinamizar nuestros procesos hacia la Asamblea Nacional Constituyente”.
En Natagaima del 12 al 14 de agosto del presente año bajo el lema Mujeres Indígenas tejiendo pensamiento para la defensa del territorio y la construcción de paz con justicia social más de 170 mujeres indígenas de diversos pueblos, luego de una marcha carnaval en el municipio públicamente decidieron respaldar el Sí al plebiscito, entendiendo que la paz solo es posible con el fin del conflicto armado pero a sabiendas del gran desafío cotidiano tras de la guerra:
“Consideramos que los pueblos indígenas no podemos ser indiferentes al momento histórico que atraviesa el país en el cual se define la terminación del conflicto armado. Proceso en el cual hemos venido participando incluyendo el enfoque étnico en cada uno de los acuerdos y debemos prepararnos para ratificar nuestro SÍ en el plebiscito como herramienta principal para construir territorios de paz con justicia social, lo cual traducimos como el equilibrio y la armonía en la relación con la Madre Naturaleza y la garantía de condiciones para una vida digna de nuestros territorios y por ende nuestras comunidades”.
Se ha declarado por las partes en la mesa que la implementación de los acuerdos de la Habana exigen un enfoque diferencial para garantizar superar las condiciones históricas y estructurales del conflicto armado en Colombia. En este enfoque son necesarias las propuestas de las comunidades desde los territorios, que además son una oportunidad de explorar epistemologías diversas desde la cosmogonía de los pueblos que conciben la vida misma más allá de los rígidos principios legales de la tradición anglosajona presente en la constitución y la ley y que ponen en debate el drama cultural de prácticas como el racismo o la extinción de comunidades originarias en Colombia. En la Propuesta Interétnica de Diálogos de Paz llevada a la mesa de la Habana en abril pasado por parte de 6 organizaciones indígenas y afrolombianos se lee:
“Las comunidades negras, afrodescendientes, palenqueras, raizales y pueblos indígenas concebimos el territorio como un bien colectivo, en función de las necesidades de sus habitantes. El territorio es fuente de vida material, cultural y ecológica. No es un bien comercial en función del beneficio privado. El territorio tiene que ser visto como el espacio geográfico y libre donde las comunidades puedan desarrollarse plenamente, es el lugar físico y simbólico fuente de bienestar soberano, de independencia, bajo los principios de autonomía, solidaridad, crecimiento, desarrollos propios, equilibrio y sostenibilidad” (…)
“Los pueblos indígenas, negros, afrocolombianos, palenqueros y raizales hemos sido víctimas históricas de estructuras excluyentes, de prácticas racistas y discriminatorias del Estado, lo que nos ha impedido gozar de todos los derechos y las garantías que tienen los y las ciudadanas en una nación. En ese orden de ideas, el conflicto social y armado que ha vivido el país ha afectado de forma particular a estas comunidades en todos los aspectos que una guerra de 60 años pueda impactar a un grupo humano”.
Para finalizar, diremos que el desafío de la construcción de una cultura de paz en Colombia llevará varias generaciones pero cada vez, como se intentó exponer, hay más esperanza en movimiento desde los territorios a favor de salir de la larga noche de los 500 años y de la herencia colonial y republicana de la guerra.
